Miércoles 22 de noviembre de 2023

Con un traje rosa, lentes oscuros y siempre sonriente, Shakira llegó a un acuerdo con los fiscales españoles para resolver un caso de fraude fiscal, justo cuando su juicio estaba a punto de comenzar. Se declaró culpable del cargo en el Tribunal Superior de Justicia de España.

La colombiana era acusada de no realizar el pago correspondiente de impuestos desde 2012 y hasta 2014, tal como lo estipula la ley, luego de haber residido en el país por más de 183 días cuando tenía un compromiso con su exesposo, Gerard Piqué.

En el centro de esta disputa está el estatus de residencia de Shakira entre 2012 y 2014, cuando los fiscales alegaron que ella vivía en España, aunque indicaba que su residencia oficial estaba en otro lugar. Según la legislación española, las personas que pasan más de seis meses en el país se consideran residentes a efectos fiscales. Pero Shakira dice que España no era su sitio de residencia principal en ese momento.

La Fiscalía española pedía una pena de ocho años de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros. La cantante aceptó pagar una multa de 7.3 millones de euros (USD $8 millones).

Shakira estaba acusada de haber defraudado al Estado español por 14.5 millones de euros (USD $15.8 millones) entre 2012 y 2014. La cantante aceptó una pena de tres años de cárcel que no cumplirá. Para evitar ir a prisión, pagó otros $432.000 euros adicionales (USD $472,000).

En diferentes ocasiones, la intérprete de "Antología" se declaró inocente asegurando que iba y venía al país español por motivos de trabajo, pero terminó declarándose culpable en un juicio que apenas duró nueve minutos, por salud mental y para terminar el proceso legal.

"Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", declaró Shakira. En total, la cantante finalmente ha ingresado más de 22 millones de euros a las arcas públicas españolas.